Foto Marino Alvarado (X) En una jornada caracterizada por la tenacidad cívica, familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos lograron romper la barrera del amedrentamiento y avanzar hasta el perímetro del Palacio de Miraflores, en Caracas, para consignar un documento oficial en el que exigen la liberación inmediata de los detenidos. La acción pacífica se concretó a pesar de un despliegue de seguridad descomunal que blindó los accesos al centro de la capital con cientos de efectivos y equipos de contención de orden público. El desarrollo de la manifestación fue resultado de un proceso de concertación facilitado desde el pasado lunes por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). La organización no gubernamental actuó como mediadora entre el Comité de Liberación de Presos Políticos (CLIPPV), la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con el objetivo de garantizar la integridad física de las familias y el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica. Cerco de seguridad de más de 500 funcionarios y tanquetas en el centro de Caracas A pesar de las garantías acordadas en las mesas de diálogo preliminares, los accesos viales hacia la sede del Ejecutivo registraron una presencia militar y policial desproporcionada. Todo el tramo de la avenida Baralt, extendiéndose hasta la plaza del Banco Central de Venezuela (BCV), fue custodiado en cada esquina por contingentes de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), apoyados por al menos cuatro vehículos antidisturbios conocidos como «camiones murciélago». Los reportes de las organizaciones de derechos humanos en el sitio contabilizaron más de 400 funcionarios desplegados en las inmediaciones de la estación del metro Capitolio, sumados a más de 200 efectivos concentrados en las esquinas inmediatas de acceso a la sede presidencial y una caravana de aproximadamente 150 motorizados de los cuerpos de seguridad. Pese a la maniobra de disuasión
Fuente: El Informador — Ver nota original
