La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una reforma de la legislación eléctrica que habilita una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en un sector que lleva años marcado por apagones, fallas de suministro y un progresivo deterioro de sus instalaciones. La modificación busca atraer inversiones para recuperar la capacidad de generación y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados durante la segunda discusión parlamentaria, después de que el debate definitivo fuera postergado en tres ocasiones. La nueva normativa modifica parcialmente la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y establece condiciones para que compañías privadas puedan incorporarse a distintas actividades de la industria energética.
Uno de los cambios principales está relacionado con la generación de electricidad. Hasta ahora, el modelo venezolano se había caracterizado por un fuerte predominio estatal, pero la legislación actualizada contempla expresamente la intervención de operadores privados y empresas mixtas, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes.
La nueva regulación contempla la posibilidad de entregar concesiones a operadores particulares por períodos de hasta 25 años, una condición destinada a ofrecer un horizonte de largo plazo para quienes decidan financiar proyectos de infraestructura. Esta medida busca generar confianza entre los inversionistas interesados en participar en el sector.
La apertura también alcanza la comercialización de energía. De esta manera, el nuevo esquema permite incorporar capital privado en distintas etapas del negocio eléctrico, desde la generación hasta la distribución de electricidad.
El Estado conserva una posición estratégica dentro del funcionamiento y la regulación del sistema eléctrico nacional, manteniendo el control sobre las decisiones fundamentales del sector energético a pesar de la apertura a la inversión privada.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
