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Reforma Fiscal debe contener impuestos progresivos y endurecimiento contra de evasión: IBD del Senado

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Asimismo una tasa de 1.5 % para el patrimonio mayor a 50 millones de pesos y hasta 69.9 y, para el patrimonio mayor a 70 millones de pesos, se cobra una tasa de 2.0%

Aparejado al Presupuesto para el próximo año donde México enfrenta el impacto de la crisis económica que se agudizó con el Covid, el  gobierno federal perfila una reforma fiscal a fin de  captar más recursos para lo cual se pondrá sobre la mesa la posibilidad de  recaudar más  ISR en sectores  de mayores ingresos, recalibración de tasas impositivas sobre todo a alcohol,  bebidas azucaradas, cigarros,  un feroz combate a la evasión fiscal y hasta un impuesto al patrimonio.

Ante la inminente discusión de la reforma fiscal es indispensable ponderar las razones que podrían esgrimirse para su aprobación e implementación en el país, así como evaluar si los programas y proyectos prioritarios del gobierno federal son lo suficientemente rentables en términos económicos y sociales como para otorgarles mayores recursos públicos, señala un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

México se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menores ingresos públicos como proporción del tamaño de su economía. Para 2020, los ingresos del gobierno  federal representaron el 22.4% del PIB, mientras que el promedio en los países de la Organización fue de 41.5%.

El estudio “Elementos y Consideraciones para una Nueva Reforma Hacendaria”  que elaboró el IBD del Senado considera que entre los  elementos que la reforma fiscal debe tener en consideración se encuentran: el cambio generacional por el que atraviesa la población; la necesidad de contar con impuestos sobre la renta más progresivos, sobre todo con mayores tramos en el decil de mayores ingresos; combatir la evasión y elusión fiscal; evaluar la viabilidad en la aplicación de impuestos al patrimonio.

Asimismo la  ampliación de la base de contribuyentes; gravar la economía digital; ampliar los impuestos ambientales;  mayor calidad y efectividad del gasto público,  pero sobre todo una mayor transparencia y un impulso a la trazabilidad de los recursos y rendición de cuentas.

Un punto importante a destacar—advierte—es que en la discusión de la reforma será necesario evaluar si los programas sociales que tiene en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador  y los proyectos de inversión e infraestructura públicos han sido lo suficientemente rentables en términos sociales y económicos como para destinarles un mayor presupuesto.

También es necesario evaluar el diseño y recalibrar las tasas o cuotas existentes de los impuestos especiales a los productos que se gravan actualmente (alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, combustibles, plaguicidas, etc.), así como los nuevos productos que se gravarán (el cannabis y sus derivados, por ejemplo); y etiquetar y canalizar los recursos recaudados por este impuesto a la atención de los problemas de salud y medio ambiente que genera el consumo de dichos productos, sostiene el estudio.

IMPUESTO AL PATRIMONIO

El análisis establece la necesidad de  evaluar la viabilidad en la aplicación de impuestos al patrimonio donde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ( CIEP) plantea dos escenarios  para este eventual gravamen:

Un impuesto de 1.0% sobre el patrimonio neto a las personas con un patrimonio de 20 millones

de pesos o más, en donde se exentan 19.9 millones de pesos.

El segundo escenario es un  esquema progresivo parecido al ISR actual, en donde se cobra 1.0% a quienes tienen un patrimonio de entre 20 millones y 49.9 millones.

Asimismo una tasa de 1.5 % para el patrimonio mayor a 50 millones de pesos y hasta 69.9 y, para el patrimonio mayor a 70 millones de pesos, se cobra una tasa de 2.0%.

El monto exento es el mismo que en el primer escenario (el CIEP estima que estos impuestos

podrían generar ingresos por entre 0.21 y 0.28 % del PIB).

Para las empresas, se propone un impuesto a la capitalización de mercado dentro de los países pertenecientes al G-20 a una tasa de 0.2% anual (este último impuesto podría generar un ingreso aproximado de 0.1% del PIB)