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El conflicto en la Cota 905, otra consecuencia de políticas públicas equívocas

Foto principal: EFE

Otra zona de Venezuela tomada por personajes armados. En eso se convirtió la Cota 905 en la ciudad de Caracas, al igual que algunos sectores en el interior del país. 

Desde el pasado 7 de julio los grupos armados de la Cota 905 intensificaron sus acostumbrados ataques armados, dejando durante tres días continuos a los habitantes de este sector y los cercanos sometidos al peligro mortal de las balas. 

Fermín Marmól García, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales Criminalísticas y Criminología de la Universidad Santa María, explicó a 800Noticias cómo el contexto donde bandas o grupos armados toman el control sobre un territorio no es más que una de las consecuencias de políticas públicas equivocas implementadas por el Estado.

“Debemos comprender que el crimen y la violencia son fenómenos sociales negativos. Se comportan como tumores intreorgánicos cuando reciben un tratamiento equivoco. Es decir, políticas públicas equívocas, como pudo haber sido el plan de pacificación que dio nacimientos a las zonas de paz. Estos tumores llamados crimen y violencia van a hacer metástasis y eso fue lo que ocurrió en Venezuela, en la capital del país. Políticas públicas equivocas por un lado, en lo social, pero también en el ámbito jurídico penal, políticas inexistentes que dieron lugar a una metástasis y ahora tenemos una delincuencia, una fauna criminal de diversa tipología dominando territorios”, señaló Marmol.

Como un fenómeno social distintos grupos armados han ido tomando control de territorios en Venezuela: En la capital la banda de «El Koki» causa temor entre los habitantes de la Cota 905 y los sectores cercanos, mientras que en zonas como La Capilla, Tres Esquinas, El Ripial y Los Canitos de Apure se vieron afectados por fuertes enfrentamientos entre miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército venezolano, conflictos que desencadenaron la huida de los habitantes ante la sensación de inseguridad.  

Aunque el conflicto de Apure empezó en marzo, se extendió durante unos meses, dejando a sus habitantes sin hogares, a otros, sin familia y buscando ayuda en Arauquita, Colombia. Una situación que se torna similar a lo ocurrido desde el 7 de julio, cuando habitantes de la Cota 905 se vieron obligados a salir de sus hogares en busca de un lugar donde sentirse seguros mientras persistían los tiroteos en la zona. Muchas familias dejaron a sus hijos en un refugio y acudieron a casas de familiares mientras el conflicto se desarrollaba. 

Desde tempranas horas de este viernes #9JUL familias están bajando desde la #Cota905 . Testigos los han observado caminar con bolsos, niños y mascotas. #Caracas pic.twitter.com/wYZKUzFyDR

— Yohana Marra (@Yohanamarra) July 9, 2021

Cronología disponible en nuestra página web https://t.co/YiEMz1Zbei pic.twitter.com/Oz3o5wKDhd

FundaREDES (@FundaREDES_) April 21, 2021

“Cualquier estructura del crimen organizado violento que controle territorios requiere material o apresto operacional ofensivo. Artefactos explosivos tipo granadas, fusiles, municiones para los fusibles, armamento corto, al menos eso. Cualquier estructura, sea ideologizada o no, urbana o rural, nacional o extranjera, necesita apresto operacional ofensivo. De dónde provienen las armas son respuestas que deberían dar quienes dirigen los destinos del país desde hace más de 20 años”, indicó Marmol.

Teorías sobre el armamento

El abogado tiene tres teorías sobre dónde podrían estar obteniendo estos grupos las armas que usan. 

La primera hipótesis es que provienen de la frontera colombo-venezolana. “Una frontera muy amplia y en esos corredores dominados por la guerrilla, los paramilitares para traficar drogas, bueno también se trafican armas y municiones y artefactos explosivos tipo granada”.

La segunda teoría es el descontrol en los puertos venezolanos y los cargamentos de mercancía que llegan en los containers. “El material lo comercializan de manera ilícita”. 

“Reconocer que Venezuela es un país poco transparente y corrupto”, es la tercera opción del abogado.

“Según Transparencia Internacional, Venezuela puede estar entre los 15 países menos transparentes del planeta y eso no es poca cosa (…) En un país corrupto también se puede suponer que de los parques oficiales, de los depósitos oficiales de armamentos de Venezuela que tienen las instituciones, bueno que de allí haya una distracción de ese material para un comercio negro, un comercio ilícito”, agrega.

“Es importante que las autoridades que rigen los destinos del país puedan ofrecerle a la colectividad un mapa criminal en Venezuela, que sean sinceros con la ciudadanía porque yo me temo que tenemos diversas estructuras del crimen organizado violento que controlan territorios dentro del país. Tenemos estructuras criminales de corte urbano pero también de corte rural, tenemos estructuras criminales nacionales pero también extranjeras o foráneas, estructuras criminales ideologizadas y no ideologizadas con común denominador: controlan territorio, someten, desplazan a parte de la población, hacen florecer una economía criminal y paralelamente a ello un estado municipal, regional y nacional que se ausenta de esas áreas sometidas por la criminalidad”, alertó. 

Para el abogado la organización es clave y a su juicio lo primero que debe hacer el Estado es “convocar a las fuerzas vivas del país”, a una comisión donde exista una representante de la iglesia en sus diversos cultos, de los gremios profesionales, universidades, medios de comunicación y las ONG.

“Creo que eso ha faltado en Venezuela en más de dos décadas, no hemos visto la convocatoria de las fuerzas sociales positivas de un país, de los expertos para que contribuyan a diseñar una política pública preventiva pero también represiva dentro del ámbito jurídico penal. Lo primero que hay que hacer es elaborar un plan de políticas públicas de seguridad ciudadana y Justicia que traspase el periodo de un ministro, que traspase el periodo de un gobierno, que es una política de estado que al menos se puede sostener por seis, ocho o 10 años”.

Hasta los momentos la respuesta de la administración de Nicolás Maduro ha sido culpar a «la extrema derecha» venezolana de ser responsables del conflicto en la Cota 905.

Un refugio para los niños

Los niños, niñas y adolescentes fueron uno de los grupos más afectados en medio del conflicto, pero gracias a la organización Otro Enfoque, quienes funcionaron como refugio durante los tiroteos, los menores pasaron la noche bajo un techo seguro.

Otro enfoque nace bajo la pretensión de ayudar a jóvenes que estaban en situación de calle en la plaza Madariaga de El Paraíso, en Caracas, otros vivían al lado del Guaire, por la autopista.

“Poco a poco con distintos acercamientos a ellos y brindando apoyo psicológico, apoyos psicosociales y acompañamiento legal, ellos empezaron a cambiar su vida, algunos regresaron a sus casas, salieron de vivir en la calle y regresaron sus casas, la mayoría de estos muchachos viven en la Cota 905″, relató para 800Noticias Lubel MieryTeran, coordinadora de comunicaciones de la organización.

Durante los tres días de zozobra en la zona popular de Caracas Otro Enfoque atendió a 30 niños, niñas y adolescentes, entre los dos y 18 años de edad, quienes aunque por lo general visitan la sede, en esta oportunidad también se quedaron a dormir bajo el consentimiento de sus padres.

Por temas de capacidad la organización no puede atender a todos los niños de la Cota 905.

“Nosotros estamos prestando apoyo de la comida, merienda, almuerzos, cenas, pueden bañarse, tienen también todos los implementos de higiene y eso es todos los días. La única diferencia es que este fin de semana servimos la cena porque durmieron en la sede, todos los días apoyamos a estos muchachos, pero ellos quisieron quedarse porque se sentían inseguros en la Cota por toda la situación y solicitaron nuestro apoyo”, detalló.

 

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Otro Enfoque también brinda apoyo a los jóvenes con becas de estudio y pueden recibir sus clases online en la sede. “La idea de la organización es brindar el apoyo necesario, como por ejemplo educación, para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad cómo hombres de bien”.

En un comunicado la organización pidió «un alto al fuego» para que la comunidad continúe con su desarrollo.

Los niños, niñas y adolescentes no se sienten seguros de brindar testimonios sobre su realidad porque quieren regresar a sus hogares. «Los niños no han querido dar declaraciones, no se sienten seguros al hablar de temas acerca de la Cota porque se sienten en riesgo», aseguraron.

De registrarse otro tiroteo recomiendan «no asomarse a la ventanas en medio del conflicto, no salir a investigar que ocurre afuera de sus hogares, acostarse en el piso y que una pared cubra el lado de las detonaciones, si el enfrentamiento es de noche dormir con los colchones en el piso y cuando cese no salir de una vez, primero asegurarse que de verdad acabó y de ser posible movilizarse hacia otro lugar».

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Este 12 de julio se registró un nuevo suceso relacionado a la zona popular para continuar con la zozobra que sufren los habitantes. Un nuevo enfrentamiento se suscitó en la avenida Victoria de la capital, entre integrantes de la Cota 905 y funcionarios del Cicpc.

Foto principal: EFE